Por Libia López
Colombia se ha convertido en un punto clave del fenómeno migratorio en América Latina. Es hogar temporal o definitivo de millones de mujeres que han salido de países como Venezuela, Haití, Ecuador, Cuba, entre otros, huyendo de crisis humanitarias, conflictos sociales, violencia estructural y pobreza. Algunas buscan refugio y oportunidades de vida digna en territorio colombiano, mientras que otras solo lo transitan con la esperanza de llegar a Centroamérica y, eventualmente, a Estados Unidos, atravesando la peligrosa y mortífera selva del Darién.
Sin embargo, ser mujer y migrante es enfrentar una doble vulnerabilidad. Estas mujeres llegan con sueños y fuerza, pero se enfrentan a realidades duras: desempleo, informalidad, discriminación, xenofobia y barreras institucionales que les niegan el acceso a servicios básicos como salud, educación y justicia. Muchas veces, para sobrevivir, se ven obligadas a aceptar trabajos precarios, mal remunerados o incluso riesgosos, como el comercio informal en las calles, el servicio doméstico sin garantías o, en casos extremos, la explotación sexual.
Las estadísticas de organizaciones humanitarias revelan que un alto porcentaje de estas mujeres vive sin regularizar su situación migratoria, lo que las deja al margen de las políticas públicas de protección. Esta falta de documentación las expone a abusos de poder, desalojos arbitrarios y explotación laboral, sin posibilidad de reclamar o denunciar.
La violencia basada en género es una constante que atraviesa sus vidas. Muchas mujeres migrantes han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual, tanto en sus países de origen como en tránsito o destino. Sin redes de apoyo, lejos de sus familias, y con el temor de ser deportadas, muchas callan. La amenaza de represalias o la desconfianza en las instituciones les impide denunciar, perpetuando así un ciclo de silencio e impunidad.
Las madres migrantes enfrentan una carga aún mayor. La crianza en contextos de precariedad, el acceso limitado a servicios de salud materno-infantil y las barreras para matricular a sus hijos en escuelas públicas generan un escenario de exclusión para las nuevas generaciones, ampliando las brechas sociales.
A pesar de todo, estas mujeres también son protagonistas de resistencia. Muchas han formado redes de apoyo comunitarias, emprendimientos informales, han participado en espacios de capacitación, liderado colectivos de denuncia y promoción de derechos, y exigido ser vistas no solo como víctimas, sino como ciudadanas con voz, dignidad y capacidad transformadora.
Visibilizar y denunciar la discriminación y las violencias que enfrentan las mujeres migrantes es urgente y necesario. No se trata solo de un tema humanitario, sino de justicia social y derechos humanos. Políticas inclusivas, acceso a regularización migratoria, atención especializada en salud y protección contra la violencia basada en género son pasos fundamentales para construir una Colombia más justa, igualitaria y libre de violencias.
Fuente: @noeshoradecallar @jinbed
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