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Venezuela tuvo que sufrir dos terremotos para que el oficialismo reconociera que la ley de alquileres promulgada por Hugo Chávez es “regresiva” y que, en la práctica, liquidó el mercado de arrendamiento residencial en el país.
“Tenemos que trabajar en la Asamblea Nacional para hacer una reforma de las leyes, al menos de la ley de alquileres (…) porque en efecto es muy regresiva la ley con la que contamos”, admitió en rueda de prensa el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Desde que Chávez la firmó en 2011, voceros de la Cámara Inmobiliaria y expertos en la materia advirtieron que la norma tendría efectos negativos sobre la renta de viviendas, limitando una de las opciones para mitigar el déficit habitacional.
El chavismo siempre lo negó. Hasta este sábado 11 de julio, 15 años después. “Hay un número de hasta 200 mil viviendas que no están siendo alquiladas porque la gente las resguarda”, manifestó Rodríguez, subrayando la necesidad de modificar el texto “para que las personas no sientan ningún tipo de temor de alquilar”.
La destrucción provocada por el doblete sísmico, que a la fecha a dejado 4.490 muertos, obliga al gobierno de Delcy Rodríguez a tomar medidas extraordinarias. El diputado señaló que “más de 17 mil personas se encuentran sin vivienda y esa cifra seguramente va a aumentar”.
Socialismo
Chávez celebró la aprobación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. El régimen socialista congeló precios, fijó los límites a los cánones de arrendamiento, dificultó el procedimiento de desalojo y aunque prometía “estabilidad jurídica”, en los hechos inclinó la balanza a favor de los inquilinos en detrimento de los derechos de los propietarios.
Todo esto en un país marcado por una política de expropiaciones que ponía en entredicho el respeto a la propiedad privada.
Antes de darle el ejecútese a la norma, el difunto comandante había publicado un decreto “contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas”, que afirmaba que “en la mayoría de los casos” los valores de los alquileres respondían “a la especulación inmobiliaria y los intereses capitalistas de los propietarios y arrendadores”.
En su momento, la Cámara Inmobiliaria cuestionó la iniciativa del gobierno chavista, denunciando que la excesiva intervención del Estado incluso atentaría contra la construcción de nuevas viviendas. Sus reclamos fueron totalmente desestimados.
Antes del cataclismo, el oficialismo ya había mostrado su disposición a revisar la regulación de los alquileres como parte del “nuevo momento político” anunciado por Delcy Rodríguez, luego de que el 3 de enero fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron en Caracas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
En su declaración, Jorge Rodríguez dijo que en el gobierno “no tenemos cabeza” para continuar con los procesos de renovación del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, temas álgidos en la agenda de la transición democrática, pero sí abrió sus puertas a conversar sobre los arrendamientos.
“Si te quieres reunir conmigo para reformar la ley de alquileres (…), pues bien, bienvenido sea”, aseveró el presidente del Parlamento.
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